La APSF expresa su preocupación por el protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación frente a las protestas sociales, especialmente por las limitaciones que el mismo impone a las tareas de los trabajadores de prensa.
La pretensión del denominado “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad” emitido por el ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich establece en su artículo 3 que el trabajo periodístico deberá ser “organizado” por los responsables de las fuerzas de seguridad que actúen en la manifestación. A ello se agrega la intención de restringir los movimientos de los periodistas a “una zona determinada” que será definida por estas mismas autoridades encargadas de aplicar este protocolo. En ambos casos se argumenta que se trata de proteger la “seguridad” de los periodistas y su “no interferencia en el procedimiento”.
Se trata de una clara forma de restringir el ejercicio del periodismo.
Sin periodistas la comunidad no hubiera sabido quien mató a Maximiliano Kosteki ni a Darío Santillán, los dos jóvenes asesinados por policías bonaerenses en el año 2002 en una protesta social. Tampoco tendríamos registros de la brutalidad de la represión que causó la muerte de más de veinte manifestantes en nuestra provincia y en Buenos Aires en diciembre de 2001. En estos dos casos de la historia reciente de nuestro país se puede ver claramente el valor del trabajo periodístico. En ambos casos eso no hubiera sido posible si ese trabajo hubiera estado bajo la dirección de las fuerzas de seguridad.
De ninguna manera es aceptable que las autoridades policiales o de las fuerzas de seguridad puedan disponer que los periodistas trabajemos sólo en una “zona determinada” dejando todo el resto de una protesta social sin cobertura de la prensa. O que su labor sea “organizada” por el jefe del operativo.
Por estos motivos la Asociación de Prensa de Santa Fe expresa su rechazo al protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad emitido por el ministerio de Seguridad de la Nación y solicita al gobierno de la provincia que el mismo no sea aplicado en la órbita provincial.