En el día de hoy, el Juez Federal Reinaldo Rubén Rodríguez dictó el procesamiento, con prisión preventiva y embargo de bienes, de Gabriel Benjamín Kesler por «considerarlo presunto partícipe necesario de las
privaciones ilegítimas de la libertad -agravadas por haberse cometido con violencias y amenazas-, tormentos -agravados por tratarse de perseguidos políticos- y homicidios -agravados por haberse cometido con ensañamiento y alevosía- de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía, y de César Zerbatto, y de la privación ilegítima de la libertad -agravada por haberse cometido con violencias y amenazas- y tormentos -agravados por tratarse de perseguidos políticos- en perjuicio de Osvaldo E. Regazzzoni; todos ellos en concurso real», en el marco de un plan sistemático de persecución y represión ilegal llevado a cabo por la última dictadura militar.
El juez Rodríguez señaló que la prisión preventiva de Kesler se justifica debido a la gravedad de los delitos ya que se trata de crímenes de lesa humanidad con penas severas.
El juez consideró también el riesgo de fuga ya que Kesler intentó eludir a la justicia al enterarse de la orden de detención en su contra -hubo que ordenar su captura nacional e internacional, asentándose en las notificaciones rojas de INTERPOL-, además del riesgo de un entorpecimiento de la investigación.
Finalmente, el fallo ordena un embargo sobre los bienes de Kesler por diez millones de pesos.
Junto a la familia de Marta, la APSF impulsó la reapertura del caso en 2011 siendo actualmente querellantes en la causa. Marta Zamaro, una de las víctimas, trabajaba en el diario Nuevo Diario y era delegada gremial.
Una vez más desde la APSF reafirmamos la búsqueda de verdad, memoria y justicia para Marta, Nilsa y los 30.000 detenidos y desaparecidos.